Convivir con alguien

Salvo las situaciones donde hay crímenes –violencia, pedofilia, violación- lo que uno haga sexualmente en su casa –la alcoba ya queda chica para muchas experiencias sexuales- es una decisión personal (o debería serlo). Si existe una buena educación sexual integral esa decisión estará basada –en muchos casos- en lo que la Organización Mundial de la Salud define como comportamiento sexual responsable. Este es “aquel que comprende la autonomia, la reciprocidad, la honestidad, el respeto, el consentimiento, la protección y la búsqueda del placer y del bienestar”.

O sea, que con la salvedad inicial, cada uno debería decidir con quién convivir y qué hacer con esa persona sexualmente (en el resto también, valga la aclaración redundante). Hasta allí vamos bien. Ahora bien, el estado debe, a su vez, ofrecer a sus ciudadanos las mejores condiciones para desarrollarse: esto implica, sin más, garantizar sus derechos al mismo tiempo que ampliarlos permanentemente (la discusión obvia sobre los deberes que a cada uno le corresponden es para otro artículo). Un ejemplo, hasta 1949 la sociedad mantenía el error terrible de impedir que la mujer vote. El estado amplió ese derecho lógico porque era incoherente que esa discriminación se mantenga con un estado que promueva algún tipo de igualdad. Lo que privó para eso es la convicción que no podía existir ninguna interpretación que limite algo que era evidente: los ciudadanos eran iguales y por lo tanto necesitaban tener iguales derechos.

Dos personas deciden convivir juntos porque creen que eso les facilita la vida. Facilitar la vida es algo que no debe ser tomado tan a la ligera. Significa, entre otras cosas, mejoras personales, íntimas, individuales, sociales, económicas, etc. Esto significa que deciden convivir porque están convencidos que ese proyecto les permitirá ser más felices – no siempre aciertan las personas en eso, pero está claro que es el sentido más perseguido a priori. Cada uno decide si esa convivencia será con papeles, con ritos, con lo que fuera. Esta decisión conlleva, obviamente, mayores o menores derechos y obligaciones, tocará más o menos mis convicciones o creencias; simplificará o complicará diferentes cuestiones. Cada cual a decidir. Pero sólo se decide si hay opciones. Eso es claro. El estado debe velar por que las opciones de todos y todas no estén restringidas por las convicciones de unos pocos o pocas (o aún de muchos y de muchas).

Si alguna ley del estado no permite eso de manera amplia, comprendamos de una vez, es necesario cambiarla. No veo en esto mucho margen para aceptar algo que restringa la opción de elegir de los y las ciudadanas en este sentido.

Lunes, 03 de mayo de 2010